En marzo de este año, la consultora EY dio a conocer los resultados de su estudio “10 riesgos de la minería 2019- 2020”, donde la licencia social para operar se erigió como el mayor riesgo del sector minero a nivel mundial. Se trata, en efecto, de una amenaza que trasciende a lo social y medioambiental y permea, por así decirlo, las distintas esferas de los proyectos mineros y su relación con el medio. Con ello, hoy la industria minera se ve enfrentada al desafío de tener que armonizar la forma en que produce sus bienes y servicios con los valores involucrados en dicha hazaña.
A primera vista, pareciera ser algo no tan relevante. Sin embargo, se trata de un elemento tan importante como el financiamiento de proyectos. Si bien no existe una definición exacta respecto de lo que se entiende por licencia social para operar, se trata, fundamentalmente de la aprobación y aceptación colectiva de forma continua que otorga una comunidad o grupo de interés directamente afectado por el desarrollo de un proyecto minero. Dentro de los elementos que constituyen la licencia social para operar, de acuerdo al paper de Thomson & Joyce (2008), destacan la legitimidad social, la credibilidad y la confianza. Estos elementos trabajan, en cierta medida, de forma secuencial, toda vez que apuntan a que un proyecto sea capaz de desarrollar una auténtica confianza con la comunidad involucrada.
Dentro de los aspectos que se destacan dentro de la licencia para operar, la investigación entregada por EY indica al gobierno, ambiente, comunidad, empleados, consumidores y sociedad como los factores más inmediatos que inciden en la obtención de la licencia social para operar. Se habla de gobierno, toda vez que el mundo ha experimentado un creciente nacionalismo y la IED (Inversión Extranjera Directa) está bajo amenaza. Por otro lado, se hace referencia al medioambiente, atendido el cambio climático y la contaminación imperante. En lo que respecta a la comunidad, se hace énfasis en la desigualdad de la riqueza que las comunidades perciben. Los empleados de las empresas también se ven involucrados, ya que la tecnología viene a reemplazar sus puestos de trabajo. Asimismo, se mencionan a los consumidores, ante el aumento del consumidor ético. Por último, se menciona a la sociedad, sobre todo considerando el impacto de las redes sociales en la forma y rapidez en que se da la comunicación.
Ante este desafío, el Estado, por medio del gobierno actual, ha tomado conciencia del riesgo y para ello ha dispuesto varias medidas. En ese sentido, el Ministerio de Minería ha creado la División de Desarrollo Sustentable, que viene a combinar la inversión, permisología y el relacionamiento comunitario (por medio del Departamento de Comunidades y Asuntos Indígenas). Todo ello con miras a evitar la judicialización de los proyectos y frenar la inversión en el país.
Sin perjuicio de la relevancia de las medidas y la conciencia que se ha tomado sobre el tema, resulta interesante reparar sobre los mecanismos efectivos y las pautas orientadoras que buscan asistir a la industria minera en este desafío. En este sentido, resulta interesante ver si las empresas, por ejemplo, destinarán un mayor porcentaje de sus utilidades para combatir este riesgo o fortalecerán sus labores filantrópicas para con la comunidad; la flexibilidad laboral que le otorguen a sus trabajadores, la relevancia que le entreguen a la huella de carbono, los esfuerzos que harán para que sus trabajadores se identifiquen con la empresa, etc.
Sin duda, atendido el escenario actual, el tránsito de lo meramente productivo a lo valorativo resulta clave si se busca darle permanencia y, en definitiva, sustentabilidad, no solo ecológica sino social a los proyectos mineros. Con todo, creemos que dicha alerta debe ir acompañada de mecanismos vinculantes y efectivos que sean efectivamente capaces de prevenir y mitigar el riesgo que conlleva el riesgo social para operar.
A primera vista, pareciera ser algo no tan relevante. Sin embargo, se trata de un elemento tan importante como el financiamiento de proyectos. Si bien no existe una definición exacta respecto de lo que se entiende por licencia social para operar, se trata, fundamentalmente de la aprobación y aceptación colectiva de forma continua que otorga una comunidad o grupo de interés directamente afectado por el desarrollo de un proyecto minero. Dentro de los elementos que constituyen la licencia social para operar, de acuerdo al paper de Thomson & Joyce (2008), destacan la legitimidad social, la credibilidad y la confianza. Estos elementos trabajan, en cierta medida, de forma secuencial, toda vez que apuntan a que un proyecto sea capaz de desarrollar una auténtica confianza con la comunidad involucrada.
Dentro de los aspectos que se destacan dentro de la licencia para operar, la investigación entregada por EY indica al gobierno, ambiente, comunidad, empleados, consumidores y sociedad como los factores más inmediatos que inciden en la obtención de la licencia social para operar. Se habla de gobierno, toda vez que el mundo ha experimentado un creciente nacionalismo y la IED (Inversión Extranjera Directa) está bajo amenaza. Por otro lado, se hace referencia al medioambiente, atendido el cambio climático y la contaminación imperante. En lo que respecta a la comunidad, se hace énfasis en la desigualdad de la riqueza que las comunidades perciben. Los empleados de las empresas también se ven involucrados, ya que la tecnología viene a reemplazar sus puestos de trabajo. Asimismo, se mencionan a los consumidores, ante el aumento del consumidor ético. Por último, se menciona a la sociedad, sobre todo considerando el impacto de las redes sociales en la forma y rapidez en que se da la comunicación.
Ante este desafío, el Estado, por medio del gobierno actual, ha tomado conciencia del riesgo y para ello ha dispuesto varias medidas. En ese sentido, el Ministerio de Minería ha creado la División de Desarrollo Sustentable, que viene a combinar la inversión, permisología y el relacionamiento comunitario (por medio del Departamento de Comunidades y Asuntos Indígenas). Todo ello con miras a evitar la judicialización de los proyectos y frenar la inversión en el país.
Sin perjuicio de la relevancia de las medidas y la conciencia que se ha tomado sobre el tema, resulta interesante reparar sobre los mecanismos efectivos y las pautas orientadoras que buscan asistir a la industria minera en este desafío. En este sentido, resulta interesante ver si las empresas, por ejemplo, destinarán un mayor porcentaje de sus utilidades para combatir este riesgo o fortalecerán sus labores filantrópicas para con la comunidad; la flexibilidad laboral que le otorguen a sus trabajadores, la relevancia que le entreguen a la huella de carbono, los esfuerzos que harán para que sus trabajadores se identifiquen con la empresa, etc.
Sin duda, atendido el escenario actual, el tránsito de lo meramente productivo a lo valorativo resulta clave si se busca darle permanencia y, en definitiva, sustentabilidad, no solo ecológica sino social a los proyectos mineros. Con todo, creemos que dicha alerta debe ir acompañada de mecanismos vinculantes y efectivos que sean efectivamente capaces de prevenir y mitigar el riesgo que conlleva el riesgo social para operar.
“El contenido de este artículo es de propiedad exclusiva de Key Translations Limitada. Queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, distribución, venta, edición y cualquier otro uso de su contenido (Incluyendo, pero no limitado a, texto, fotografías, marcas, videos y logotipos).”
