De todas las traducciones, la jurídica es una de las más complejas. La terminología legal es propia y específica de cada legislación, y la labor del traductor, como bien se ha reflexionado en torno al tema, no consiste en realizar una interpretación del texto, sino que debe familiarizarse con la materia y comprenderla a cabalidad. Esta es una tarea compleja para quien no ha cursado estudios en derecho, puesto que la terminología es vasta y de alta complejidad, y difícil de entender fuera de su contexto.
¿Qué nivel de conocimiento jurídico debe tener un traductor legal? No podemos exigirle a un profesional de las letras que posea los mismos conocimientos que un profesional de las leyes. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las traducciones de documentos jurídicos se realizan por personas no letradas en derecho, que, al presentarse el desafío de traducción, sienten temor y muchas veces caen en el uso de terminologías obsoletas o inadecuadas. Por otro lado, no es fácil encontrar a un abogado o jurista que también sea un gran traductor.
Puede suceder que al traductor le toque traducir textos que compartan un mismo sistema jurídico, como en el caso de Irlanda, donde el inglés y el irlandés son las lenguas oficiales. Pero muchas veces, no ocurre de esta manera, y esto presenta un desafío no sólo para el traductor no jurista, sino también para aquellos que sí poseen conocimientos del área, pero limitados a su propio contexto social, político y cultural. Existe un sinfín de conceptos complejos según el tema que se trabaja, y numerosos vacíos conceptuales entre los distintos ordenamientos. Además, cada sistema jurídico tiene su propia forma de entender el derecho.
Debido a su carácter universal, uno de los idiomas que mejor permite alcanzar la uniformidad en cuanto a la materia es el inglés. En la Lingüística inglesa, se ha denominado al recorrido por lenguajes distintos al literario y conversacional, los dos más clásicos, como IPA o inglés profesional y académico. Es uno de los más utilizados en el tema, sobre todo en los borradores y documentos de los organismos internacionales, pese a existir otras lenguas oficiales. Existen, entonces, varios conceptos que se han instaurado de manera global en inglés, tales como “tort” para hablar de la responsabilidad extracontractual. Por otra parte, la globalización de la economía ha aumentado la necesidad de celebrar contratos en un idioma universal, que permita su posterior solución de problemas. Para ello, el inglés jurídico ha cumplido un rol importante. Por ende, podríamos considerar que el inglés jurídico es un punto de encuentro entre abogados, juristas y traductores legales.
Hoy en día existe una amplia gama de cursos formativos en derecho para traductores, los que permiten acercar y hacer comprensible este universo a quienes no están familiarizados con éste. De hecho, muchos autores, como Gémar, consideran que se puede alcanzar un alto nivel de profesionalismo si es que los traductores cuentan con una doble formación en derecho y en traducción. Sin embargo, aún existe la convicción por parte de varios eruditos del tema y organismos internacionales, tales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que la labor de la traducción jurídica debe limitarse sólo a aquellos que poseen conocimientos en derecho.
¿Qué nivel de conocimiento jurídico debe tener un traductor legal? No podemos exigirle a un profesional de las letras que posea los mismos conocimientos que un profesional de las leyes. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las traducciones de documentos jurídicos se realizan por personas no letradas en derecho, que, al presentarse el desafío de traducción, sienten temor y muchas veces caen en el uso de terminologías obsoletas o inadecuadas. Por otro lado, no es fácil encontrar a un abogado o jurista que también sea un gran traductor.
Puede suceder que al traductor le toque traducir textos que compartan un mismo sistema jurídico, como en el caso de Irlanda, donde el inglés y el irlandés son las lenguas oficiales. Pero muchas veces, no ocurre de esta manera, y esto presenta un desafío no sólo para el traductor no jurista, sino también para aquellos que sí poseen conocimientos del área, pero limitados a su propio contexto social, político y cultural. Existe un sinfín de conceptos complejos según el tema que se trabaja, y numerosos vacíos conceptuales entre los distintos ordenamientos. Además, cada sistema jurídico tiene su propia forma de entender el derecho.
Debido a su carácter universal, uno de los idiomas que mejor permite alcanzar la uniformidad en cuanto a la materia es el inglés. En la Lingüística inglesa, se ha denominado al recorrido por lenguajes distintos al literario y conversacional, los dos más clásicos, como IPA o inglés profesional y académico. Es uno de los más utilizados en el tema, sobre todo en los borradores y documentos de los organismos internacionales, pese a existir otras lenguas oficiales. Existen, entonces, varios conceptos que se han instaurado de manera global en inglés, tales como “tort” para hablar de la responsabilidad extracontractual. Por otra parte, la globalización de la economía ha aumentado la necesidad de celebrar contratos en un idioma universal, que permita su posterior solución de problemas. Para ello, el inglés jurídico ha cumplido un rol importante. Por ende, podríamos considerar que el inglés jurídico es un punto de encuentro entre abogados, juristas y traductores legales.
Hoy en día existe una amplia gama de cursos formativos en derecho para traductores, los que permiten acercar y hacer comprensible este universo a quienes no están familiarizados con éste. De hecho, muchos autores, como Gémar, consideran que se puede alcanzar un alto nivel de profesionalismo si es que los traductores cuentan con una doble formación en derecho y en traducción. Sin embargo, aún existe la convicción por parte de varios eruditos del tema y organismos internacionales, tales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que la labor de la traducción jurídica debe limitarse sólo a aquellos que poseen conocimientos en derecho.
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